Propuesta de conservación natural en Ecuador
Dejar el petróleo bajo tierra
Por: Juan David Torres Duarte
Ecuador debe resolver un dilema ecológico: explotar el petróleo de la reserva natural Yasuní o mantenerla virgen con una contribución internacional de US$3.600 millones.
Foto: Cortesía Yasuní ITTEl Parque Natural Yasuní, declarado patrimonio intangible por el gobierno ecuatoriano, tiene cerca de un millón de hectáreas. La iniciativa Yasuní ITT ha recaudado cerca de US$2 millones. Enlaces patrocinados -
Parque Natural Yasuní
Aquí, en Colombia, los problemas ambientales se tratan de este modo:
Santurbán, ese páramo de oro y plata que surte de agua a Bucaramanga, codiciado por la multinacional canadiense Greystar, será objeto de una consulta popular el próximo 31 de octubre para blindarlo frente a cualquier posibilidad de explotación. Nadie extraerá de él nada. Ni un gramo de oro.
Allá, en Ecuador, los problemas ambientales se resuelven de otro modo.
Yasuní, una reserva natural colmada de petróleo y biodiversidad en la amazonia ecuatoriana, está en las manos de una sola persona, Ivonne Baki, que busca resolver una duda nacional: explotar las profundidades o mantener virgen la región. Sin extraer nada. Sin tomar un barril de petróleo. Y a cambio la comunidad internacional debe retribuir a Ecuador la mitad de lo que ganaría en caso de explotar: US$3.600 millones.
— Para mí —asegura desde Ecuador a este diario Baki, jefa negociadora de la iniciativa Yasuní ITT— es la oportunidad de hacer algo increíble, aunque sea con un granito de arena.
Ivonne Baki fue mediadora de conflictos —en América, en Oriente Medio—, presidenta del Parlamento Andino y tiene un historial de reconocimientos extenso —méritos en Reino Unido, Ecuador, Líbano—. Fue, Ivonne Baki, candidata a la presidencia de Ecuador en 2002. Habla cinco idiomas. Fue, Ivonne Baki, embajadora de este país en Estados Unidos y embajadora de buena voluntad de la Unesco. Pero hoy, cuando se encarga de convencer a la comunidad internacional para sostener el proyecto Yasuní ITT, cuando el cuidado de la selva amazónica es su objeto principal, los títulos, los cargos y la historia son lo de menos. Baki sabe que muchos no comprenden su propuesta de inmediato. Y, también, que es quizá lo más difícil que jamás haya hecho.
— He negociado muchas cosas —dice Baki—. Pero esto no-es-fácil.
“¿Cómo es posible?”
Yasuní ITT es un proyecto ecológico que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, presentó ante las Naciones Unidas en 2007. El terreno, ubicado en la frontera con Perú y compuesto por las poblaciones de Ishpingo, Tambococha y Tiputini, contiene el 20% del petróleo ecuatoriano, el principal ingreso de la nación. Correa propuso, en ese entonces, que Ecuador dejaría bajo tierra más de 840 millones de barriles de petróleo si y sólo si la comunidad internacional aportaba US$3.600 millones en un período de 13 años.
Si no es así, 407 millones de toneladas de dióxido de carbono llegarían a la atmósfera. Y ya se sabe qué hace el dióxido de carbono.
A través de Yasuní ITT el Gobierno creó un fideicomiso, administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al que han llegado cerca de US$2 millones; los compromisos de otros países —promesas verbales— suman US$40 millones. Las fuentes de financiación son diversas. En principio, la iniciativa se dirigió a los Estados. Entonces hubo conversaciones con Alemania, España, el Estado de Valonia (Bélgica), Chile, Francia. Contribuyeron, sí, pero no fue suficiente. Rafael Correa, en cierto momento, se sintió decepcionado. Baki también.
La iniciativa se abrió de manera paulatina y ahora las empresas, los municipios, las alcaldías y los ciudadanos de a pie, quien quiera, pueden contribuir desde un dólar. De hecho, Rafael Correa, luego de que un juez anunciara que los directivos del diario El Universo debían pagar US$40 millones a causa de una demanda interpuesta por el presidente, aseveró a través de su abogado que donaría el dinero a Yasuní ITT. El dinero de la demanda contra un periódico invertido en el cuidado de la selva amazónica.
— A veces dicen: ¿cómo es posible que un país que tenga petróleo lo deja de sacar? —cuenta Baki—. Ésa es la idea de esta iniciativa: cómo podemos hacer un cambio de cultura, de dependencia.
Las negociaciones con Alemania, que al inicio fueron tan fructíferas, de repente se complicaron. El Ministerio de Cooperación Alemán, afirma Baki, argumentó que si aprobaba esta iniciativa podría sentar un precedente. Dicho de otro modo: que sería poco conveniente porque así varios países podrían acudir a esta modalidad de pago por servicios ambientales.
— Ahora se están abriendo las puertas otra vez con Alemania —agrega Baki—. Ha sido difícil porque es una idea nueva, y todas las ideas nuevas de cambio no son fáciles de aceptar.
El plan B
Sin embargo, el Parque Natural Yasuní no es virgen. El campo contiguo, llamado Bloque 31 y regentado por Petroamazonas desde 2008, planea extraer petróleo en 2012. El Bloque 14, que incluso ocupa una parte del territorio indígena Huaorani, está en manos de PetroOriental, que comenzó operaciones en 2002. Así, lo que queda es un cuarto de parque en el que, de fracasar el proyecto, abrirían 130 pozos petroleros, cuyas operaciones podrían —podrían— ensuciar las aguas con sustancias tóxicas, reformar el ecosistema, transformar el carácter de la vida cotidiana, alejada, de las comunidades Tagaeri y Taromenane.
— Esa es la razón por la que en ese lugar no es bueno sacar el petróleo —enfatiza Baki—. Cualquier cambio puede dañar muchísimo ese ambiente tan frágil que tenemos.
Para que el bloque ITT de Yasuní quede intacto, habría que recaudar US$100 millones hasta diciembre de este año. Baki dice, sin embargo, que se sentará a la mesa con el presidente y, así no tengan el dinero previsto, mirarán las posibilidades. Y una de las oportunidades para que Ecuador entere a la comunidad internacional de su proyecto será el próximo 23 de septiembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ban Ki-moon y Rafael Correa presentarán los resultados de la iniciativa y sus proyecciones futuras. El gobierno mostrará en la reunión que Yasuní no es un sueño, sino una realidad.
Quienes aporten a la cuenta de Yasuní tendrán un certificado que se convierte en deuda pública, y que en caso de que el proyecto no prospere servirá sólo para que el gobierno devuelva el dinero. Por ahora, los ingresos, aclara Baki, se invertirán en programas de energías alternativas y en el sostenimiento de las comunidades que habitan esta zona.
Mientras tanto, entre utopías y realidades, el plan B —abrir tierra, extraer petróleo— está en proceso. Aunque no existe una fecha de explotación, pues los estudios sobre el terreno apenas comienzan, y el gobierno busca más recursos, es posible que a través de una consulta popular o por aprobación del Congreso, Yasuní entero —declarado patrimonio intangible y protegido por la Constitución— se convierta en un campo petrolero.
— Creo que si el plan B es el que se hace —asegura Baki— es porque no vemos que hay apoyo del mundo.
“Para siempre”
— De los pocos países que pueden replicar esta iniciativa —sentencia Baki—, uno de ellos es Colombia. Cerca de 10 naciones también tienen la oportunidad.
No cualquier país puede hacer lo que sugiere Ecuador. Es necesario, según Baki, que sea una nación en desarrollo, que tenga unas reservas grandes de petróleo y que, en últimas, tenga un poco de conciencia ambiental. Y Colombia tiene esas condiciones. Porque si el petróleo de Yasuní —que en huaorani significa ‘tierra sagrada’— fuera extraído, millones de toneladas de dióxido de carbono quedarían en la atmósfera.
— Porque la tierra va a seguir —sostiene Baki—. Los que vamos a morir somos los seres humanos si esto sigue así.
Las delegaciones de algunos países visitaron Yasuní hace algunas semanas para analizar la propuesta. China aportó US$20.000 y Rusia presentó un proyecto de energía renovable que daría parte de sus excedentes a Yasuní.
En 13 años —ése es el plan A— Ecuador obtendrá US$3.600 millones, sin contaminar y sin deforestar. Pero, ¿por cuánto tiempo se quedará el petróleo bajo tierra? Una respuesta posible —posible— es la que da la página de Amazonia por la Vida:
“Para siempre”.
La explotación minera: otra cara
En Colombia, 22 páramos son explotados por cuenta de la concesión de 391 títulos mineros. De ellos, 44 se encuentran en Santurbán y 88, en Pisba (Boyacá). En conclusión, más de 100.000 hectáreas de páramos sirven para extraer oro, plata y carbón.
La semana pasada, la contralora general, Sandra Morelli, advirtió al Minambiente que debe revisar las actividades mineras de la empresa AngloGold Ashanti en Cajamarca, Tolima, porque podrían afectar el suministro de agua para la población
Este bloque plantea temas de nuestra realidad nacional e internacional, que cada dia merecen la reflexión y el analisis, de tal manera que seamos parte de una masa crítica cualificada y lograr ser interlocutores válidos ante cualquier instancia.
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sábado, 6 de agosto de 2011
lunes, 25 de octubre de 2010
Las razones ocultas de la crisis en Ingeominas
Las razones ocultas de la crisis en Ingeominas
Varios documentos revelan que detrás del reciente retiro de Mario Ballesteros Mejía, director del organismo, hay una historia oculta de presunto tráfico de influencias.
Lunes 25 Octubre 2010
El miércoles 6 de octubre, el presidente Juan Manuel Santos le pidió al ministro de Minas, Carlos Rodado, que aceptara cuanto antes la renuncia protocolaria presentada por el director de Ingeominas, Mario Ballesteros Mejía. El mandatario y el Ministro estaban molestos porque el funcionario se había negado a acudir a un debate de control político en la Cámara de Representantes en el que habría cuestionamientos sobre temas sensibles como la liquidación de regalías pagadas por compañías multinacionales, seguridad en las minas y caos en el sistema de catastro minero.
“Renunciado como estoy, no pienso ir a recibir palo en el Congreso”, les confió Ballesteros a algunos de sus subalternos. Según ellos, su jefe estaba inquieto después de haber recibido un amplio cuestionario enviado por la representante Lucero Cortés, promotora del debate, en el que ella indagaba particularmente sobre la manera como se estarían negociando, en condiciones aparentemente desfavorables para la Nación, las prórrogas de las concesiones con compañías que explotan los principales yacimientos de carbón y níquel en el norte del país.
Fuentes de la Casa de Nariño y del Ministerio le dijeron a Dinero que lo que más molestaba al Gobierno era que, con esa actitud, Ballesteros enviaba el mensaje de que el Gobierno estaría tratando de eludir responsabilidades. En el preámbulo del debate el Presidente ya tenía conocimiento de que el director y algunos de sus funcionarios de mayor confianza pactaban en privado con representantes de empresas multinacionales eventuales prórrogas de la concesión por otros 30 años.
Entre las evidencias recavadas hay un cruce de correos entre ejecutivos de empresas interesadas en las concesiones subdirector de Fiscalización y Ordenamiento de Ingeominas y el propio Ballesteros . Uno de los mensajes electrónicos, recibido por la entidad oficial el 4 de agosto de 2010, revela que una de las multinacionales preparó el borrador del documento con las condiciones concretas de la prórroga. Una de ellas se relaciona con el aumento del rasero impuesto inicialmente para la liquidación de la regalías. Pese a que el concesionario ofrecía una contraprestación adicional que consistía en darle a la Nación una participación del 4% en la utilidad neta de la empresa, llamaba la atención el hecho de que hubiera redactado todo el documento base de la negociación.
El asunto comenzó a cobrar ribetes de escándalo cuando funcionarios de Ingeominas removidos de sus cargos al no aceptar presiones para moderar los cobros de las regalías adeudadas por algunas de esas empresas hasta la fecha, comenzaron a denunciar lo que ocurría. Documentos obtenidos por Dinero muestran que Ballesteros les restó importancia a los mensajes privados y buscó dejar constancia de que cualquier decisión que se tomara tendría el suficiente soporte. Para ello pidió el concepto de abogados especialistas en contratación y derecho minero.
Sin embargo, sus consultores le advirtieron sobre la posible inconveniencia de plegarse a lo propuesto por el concesionario. En uno de sus conceptos, el experto Carlos Antonio Espinosa Pérez, de la firma de abogados Espinosa y Asociados, advierte que las concesiones no confieren derechos inalienables que den lugar a prórrogas inmediatas y recomendó no acceder a ella “por ser lesiva a los intereses del Estado y legalmente improcedente”.
La controversia coincidió con pugnas internas en Ingeominas, desatadas por la remoción de sus cargos de altos funcionarios que produjeron resoluciones para cobrarles a Cerromatoso y a otras multinacionales millonarias sumas que, según la Contraloría General de la República y Planeación Nacional, eran adeudadas a la Nación como consecuencia de una mala liquidación de las regalías.
Según Gloria del Socorro Arias Pinzón, entonces subdirectora de Fiscalización y Ordenamiento, el pasado 30 de abril José Fernando Ceballos, director del Servicio Minero, quiso obligarla a renunciar después de que ella notificó a una empresa aparentemente morosa la resolución de cobro SFMO No. 2 por $24.892 millones. Asegura que Ceballos modificó la resolución para dejarla prácticamente sin efecto, sin tener atribuciones para ello. Uno de los más graves, de acuerdo con su versión, es que el cobro hacía parte de un plan de cumplimiento establecido por la Contraloría al cabo de un ejercicio de auditoría del que Ingeominas salió mal librada.
El enfrentamiento entre los dos directivos se produjo mientras era relevada de sus funciones habituales la abogada Mélida Andrea Cabezas, integrante del Grupo de Seguimiento y Control, que tenía a su cargo el monitoreo de proyectos que representan más del 90% de las regalías del país.
Pero mientras Ballesteros intentaba apagar la conflagración que se presentaba en ese momento, el 6 de agosto se presentó la renuncia de José Neiza Hornero, que había sucedido a Gloria de Socorro Arias en la Subdirección de Fiscalización. El contenido de la carta de dimisión enviada a Ballesteros revelaba que Neiza se había puesto en trance de rebeldía.
En uno de sus apartes de la carta se lee: “El conocimiento, responsabilidad y experiencia que tengo en la ejecución y fiscalización de los Proyectos de Gran Minería y del Sector Minero, en general, no me permiten atender sus instrucciones, en el sentido de conceptuar favorablemente en la revisión y discusión de las modificaciones a los contratos Nos. 078-88 y 866 suscritos por el Estado con las empresas Drummond Ltda. (y) Cerromatoso S.A., respectivamente, toda vez que, entre otros, no se está cumpliendo con lo dispuesto en la resolución D-546 de 18 de diciembre de 2007, así como con el procedimiento establecido en la guía de Fiscalización de Proyectos Mineros de Interés Nacional (...)”.
Ante los crecientes cuestionamientos en su contra, Ballesteros dijo que no piensa generar controversias públicas y que, si lo requieren los órganos de control, acudirá para explicar la legalidad y juridicidad de todas y cada una de las decisiones que tomó frente al cargo.
Como quiera que sea, Ingeominas queda sometida a la mirada crítica de la opinión en momentos en que el país se prepara para el advenimiento de una bonanza minera que podría suponer un drástico y urgente reordenamiento institucional en el sector
Varios documentos revelan que detrás del reciente retiro de Mario Ballesteros Mejía, director del organismo, hay una historia oculta de presunto tráfico de influencias.
Lunes 25 Octubre 2010
El miércoles 6 de octubre, el presidente Juan Manuel Santos le pidió al ministro de Minas, Carlos Rodado, que aceptara cuanto antes la renuncia protocolaria presentada por el director de Ingeominas, Mario Ballesteros Mejía. El mandatario y el Ministro estaban molestos porque el funcionario se había negado a acudir a un debate de control político en la Cámara de Representantes en el que habría cuestionamientos sobre temas sensibles como la liquidación de regalías pagadas por compañías multinacionales, seguridad en las minas y caos en el sistema de catastro minero.
“Renunciado como estoy, no pienso ir a recibir palo en el Congreso”, les confió Ballesteros a algunos de sus subalternos. Según ellos, su jefe estaba inquieto después de haber recibido un amplio cuestionario enviado por la representante Lucero Cortés, promotora del debate, en el que ella indagaba particularmente sobre la manera como se estarían negociando, en condiciones aparentemente desfavorables para la Nación, las prórrogas de las concesiones con compañías que explotan los principales yacimientos de carbón y níquel en el norte del país.
Fuentes de la Casa de Nariño y del Ministerio le dijeron a Dinero que lo que más molestaba al Gobierno era que, con esa actitud, Ballesteros enviaba el mensaje de que el Gobierno estaría tratando de eludir responsabilidades. En el preámbulo del debate el Presidente ya tenía conocimiento de que el director y algunos de sus funcionarios de mayor confianza pactaban en privado con representantes de empresas multinacionales eventuales prórrogas de la concesión por otros 30 años.
Entre las evidencias recavadas hay un cruce de correos entre ejecutivos de empresas interesadas en las concesiones subdirector de Fiscalización y Ordenamiento de Ingeominas y el propio Ballesteros . Uno de los mensajes electrónicos, recibido por la entidad oficial el 4 de agosto de 2010, revela que una de las multinacionales preparó el borrador del documento con las condiciones concretas de la prórroga. Una de ellas se relaciona con el aumento del rasero impuesto inicialmente para la liquidación de la regalías. Pese a que el concesionario ofrecía una contraprestación adicional que consistía en darle a la Nación una participación del 4% en la utilidad neta de la empresa, llamaba la atención el hecho de que hubiera redactado todo el documento base de la negociación.
El asunto comenzó a cobrar ribetes de escándalo cuando funcionarios de Ingeominas removidos de sus cargos al no aceptar presiones para moderar los cobros de las regalías adeudadas por algunas de esas empresas hasta la fecha, comenzaron a denunciar lo que ocurría. Documentos obtenidos por Dinero muestran que Ballesteros les restó importancia a los mensajes privados y buscó dejar constancia de que cualquier decisión que se tomara tendría el suficiente soporte. Para ello pidió el concepto de abogados especialistas en contratación y derecho minero.
Sin embargo, sus consultores le advirtieron sobre la posible inconveniencia de plegarse a lo propuesto por el concesionario. En uno de sus conceptos, el experto Carlos Antonio Espinosa Pérez, de la firma de abogados Espinosa y Asociados, advierte que las concesiones no confieren derechos inalienables que den lugar a prórrogas inmediatas y recomendó no acceder a ella “por ser lesiva a los intereses del Estado y legalmente improcedente”.
La controversia coincidió con pugnas internas en Ingeominas, desatadas por la remoción de sus cargos de altos funcionarios que produjeron resoluciones para cobrarles a Cerromatoso y a otras multinacionales millonarias sumas que, según la Contraloría General de la República y Planeación Nacional, eran adeudadas a la Nación como consecuencia de una mala liquidación de las regalías.
Según Gloria del Socorro Arias Pinzón, entonces subdirectora de Fiscalización y Ordenamiento, el pasado 30 de abril José Fernando Ceballos, director del Servicio Minero, quiso obligarla a renunciar después de que ella notificó a una empresa aparentemente morosa la resolución de cobro SFMO No. 2 por $24.892 millones. Asegura que Ceballos modificó la resolución para dejarla prácticamente sin efecto, sin tener atribuciones para ello. Uno de los más graves, de acuerdo con su versión, es que el cobro hacía parte de un plan de cumplimiento establecido por la Contraloría al cabo de un ejercicio de auditoría del que Ingeominas salió mal librada.
El enfrentamiento entre los dos directivos se produjo mientras era relevada de sus funciones habituales la abogada Mélida Andrea Cabezas, integrante del Grupo de Seguimiento y Control, que tenía a su cargo el monitoreo de proyectos que representan más del 90% de las regalías del país.
Pero mientras Ballesteros intentaba apagar la conflagración que se presentaba en ese momento, el 6 de agosto se presentó la renuncia de José Neiza Hornero, que había sucedido a Gloria de Socorro Arias en la Subdirección de Fiscalización. El contenido de la carta de dimisión enviada a Ballesteros revelaba que Neiza se había puesto en trance de rebeldía.
En uno de sus apartes de la carta se lee: “El conocimiento, responsabilidad y experiencia que tengo en la ejecución y fiscalización de los Proyectos de Gran Minería y del Sector Minero, en general, no me permiten atender sus instrucciones, en el sentido de conceptuar favorablemente en la revisión y discusión de las modificaciones a los contratos Nos. 078-88 y 866 suscritos por el Estado con las empresas Drummond Ltda. (y) Cerromatoso S.A., respectivamente, toda vez que, entre otros, no se está cumpliendo con lo dispuesto en la resolución D-546 de 18 de diciembre de 2007, así como con el procedimiento establecido en la guía de Fiscalización de Proyectos Mineros de Interés Nacional (...)”.
Ante los crecientes cuestionamientos en su contra, Ballesteros dijo que no piensa generar controversias públicas y que, si lo requieren los órganos de control, acudirá para explicar la legalidad y juridicidad de todas y cada una de las decisiones que tomó frente al cargo.
Como quiera que sea, Ingeominas queda sometida a la mirada crítica de la opinión en momentos en que el país se prepara para el advenimiento de una bonanza minera que podría suponer un drástico y urgente reordenamiento institucional en el sector
jueves, 8 de julio de 2010
Todos unidos a construir conciencia
Nuestra Palabra. Informativo semanal de la Asociacion de Cabildos Indigenas del Norte del Cauca
Todos unidos a construir conciencia
El corregimiento La Toma ubicado a escasos kilómetros del municipio de Suárez, Cauca, es una población que vive de la explotación artesanal de la minería. Allí trabajan hombres, mujeres, jóvenes y ancianos que día tras día trituran rocas para encontrar el poco oro que les sirva para su sustento. Hay quienes pasan más de 10 horas haciendo estas actividades en la humedad de los socavones, mientras otros bajo el sol lavan el oro con sus bateas de madera.
Los trabajadores mineros de La Toma, al igual que millones de colombianos, buscan su sustento en el trabajo informal, con mínimas condiciones laborales y sin opciones de seguridad social. Esto se debe a que el gobierno no está generando trabajo para los sectores desprotegidos y menos para las personas del campo. Al contrario, lo que está haciendo es acabar con las oportunidades laborales de los trabajadores para darle relevancia al capital transnacional.
Pero La Toma es un lugar que ha cobrado una relevancia particular en los medios masivos gracias a la presencia de empresas mineras que quieren explotar las riquezas naturales existentes en su territorio y despojar a las familias que allí habitan. Esta comunidad, en donde viven cerca de ocho mil afrodescendientes, está siendo victima de amenazas, asesinatos, masacres y desplazamiento forzado por parte de actores armados que le están abriendo camino a la instalación de megaproyectos que buscan la extracción de recursos.
Sin duda alguna el gobierno es cómplice de la barbarie cometida contra esta comunidad porque descaradamente promueve la llamada confianza inversionista, que no es más que la entrega de la soberanía nacional a través de tierras, recursos y mano de obra barata. También por implementar leyes que van en contra de los pueblos, las cuales facilitan el despojo de sus territorios ancestrales.
Todo indica que los años venideros continuarán con estas mismas políticas. Con el robo descarado de los territorios para que un puñado de codiciosos implemente sus proyectos. Con el sometimiento ideológico y físico de la gente para que embrutecida mate y se deje matar en nombre de una falsa democracia. Con el exterminio de los derechos fundamentales como salud y educación para convertirlos aún más en negocios rentables a costa de la vida de la gente. Con el copamiento militar que justifica la pérdida de la libertad de los pueblos y de la soberanía de la nación.
Por eso, debemos ser concientes de esta realidad. El robo de nuestra soberanía sólo continuará hasta que la conciencia suficiente nos permita detenerla. Si la codicia está organizada y trabajando unida con un propósito común, es deber de la conciencia hacer lo mismo. Todos juntos de acuerdo a cada realidad particular a proponer estrategias para defender la vida.
Es nuestro deber no dejar solos a los habitantes de La Toma. Tampoco a los de San José de Apartadó ni a los de Zaragoza. Todos nos necesitamos, indígenas, campesinos, sindicalistas, estudiantes, afrodescendientes. Debemos unirnos de una vez por todas para que seamos nosotros quienes construyamos nuestro propio camino. Que el terror que nos agrede y el que está por venir sea enfrentado y derrotado por la conciencia organizada de los pueblos que creemos que es posible vivir con dignidad.
Todos unidos a construir conciencia
El corregimiento La Toma ubicado a escasos kilómetros del municipio de Suárez, Cauca, es una población que vive de la explotación artesanal de la minería. Allí trabajan hombres, mujeres, jóvenes y ancianos que día tras día trituran rocas para encontrar el poco oro que les sirva para su sustento. Hay quienes pasan más de 10 horas haciendo estas actividades en la humedad de los socavones, mientras otros bajo el sol lavan el oro con sus bateas de madera.
Los trabajadores mineros de La Toma, al igual que millones de colombianos, buscan su sustento en el trabajo informal, con mínimas condiciones laborales y sin opciones de seguridad social. Esto se debe a que el gobierno no está generando trabajo para los sectores desprotegidos y menos para las personas del campo. Al contrario, lo que está haciendo es acabar con las oportunidades laborales de los trabajadores para darle relevancia al capital transnacional.
Pero La Toma es un lugar que ha cobrado una relevancia particular en los medios masivos gracias a la presencia de empresas mineras que quieren explotar las riquezas naturales existentes en su territorio y despojar a las familias que allí habitan. Esta comunidad, en donde viven cerca de ocho mil afrodescendientes, está siendo victima de amenazas, asesinatos, masacres y desplazamiento forzado por parte de actores armados que le están abriendo camino a la instalación de megaproyectos que buscan la extracción de recursos.
Sin duda alguna el gobierno es cómplice de la barbarie cometida contra esta comunidad porque descaradamente promueve la llamada confianza inversionista, que no es más que la entrega de la soberanía nacional a través de tierras, recursos y mano de obra barata. También por implementar leyes que van en contra de los pueblos, las cuales facilitan el despojo de sus territorios ancestrales.
Todo indica que los años venideros continuarán con estas mismas políticas. Con el robo descarado de los territorios para que un puñado de codiciosos implemente sus proyectos. Con el sometimiento ideológico y físico de la gente para que embrutecida mate y se deje matar en nombre de una falsa democracia. Con el exterminio de los derechos fundamentales como salud y educación para convertirlos aún más en negocios rentables a costa de la vida de la gente. Con el copamiento militar que justifica la pérdida de la libertad de los pueblos y de la soberanía de la nación.
Por eso, debemos ser concientes de esta realidad. El robo de nuestra soberanía sólo continuará hasta que la conciencia suficiente nos permita detenerla. Si la codicia está organizada y trabajando unida con un propósito común, es deber de la conciencia hacer lo mismo. Todos juntos de acuerdo a cada realidad particular a proponer estrategias para defender la vida.
Es nuestro deber no dejar solos a los habitantes de La Toma. Tampoco a los de San José de Apartadó ni a los de Zaragoza. Todos nos necesitamos, indígenas, campesinos, sindicalistas, estudiantes, afrodescendientes. Debemos unirnos de una vez por todas para que seamos nosotros quienes construyamos nuestro propio camino. Que el terror que nos agrede y el que está por venir sea enfrentado y derrotado por la conciencia organizada de los pueblos que creemos que es posible vivir con dignidad.
domingo, 4 de abril de 2010
¿Mineria Sostenible?
Opinión| 30 Mar 2010
¿Minería Sostenible?
Por: Juan Pablo Ruiz Soto
EN ESTE MOMENTO DE LA HISTORIA de Colombia, cuando la minería es eje de la propuesta económica del Gobierno y cuando las concesiones mineras tanto a nacionales como a extranjeros se han multiplicado por todo el territorio nacional, vale preguntarse si es posible la minería sostenible, cómo puede relacionarse la minería con el desarrollo sostenible o si la minería solo significa extración y agotamiento de la base de recursos naturales sin beneficio local y con importantes impactos ambientales negativos.
La minería sostenible no existe. Por definición es la extración de recursos naturales no renovables y esto niega la posibilidad de una minería sostenible. Esto no significa que no existan diversas formas de hacer minería, unas de alto impacto, por su efecto destructivo sobre el medio social y natural, y otra de bajo impacto. Cosa distinta al impacto ambiental del proceso extractivo es lo que se hace con los recursos económicos que surgen de la actividad minera y cómo éstos se relacionan o no con actividades de desarrollo humano sostenible. Países con similares riquezas mineras generan procesos de desarrollo completamente distintos, que dependen del uso que se da a las rentas mineras, y construyen, o no, la posibilidad de apalancar el desarrollo sostenible con recursos provenientes de actividades extractivas.
Poseer recursos minerales y hacer uso de ellos, no es per se una actividad negativa. Al contrario, puede ser fuente de riqueza y apoyar el bienestar humano sostenible. Muchos de los países nórdicos han basado su desarrollo económico y social en el hallazgo y explotación de recursos mineros. Otros, por el contrario, han generado destrucción y conflicto social, como en Papua Nueva Guinea con la explotación de la mina de oro a cielo abierto más grande del mundo, que para las comunidades locales solo ha generado destrucción, aislamiento y pobreza. Nuestro vecino Venezuela, históricamente, desde mucho antes que Chávez, ha explotado sus recursos mineros para incrementar su consumo y muy poco para invertir en la formación de capital humano y productivo. No ha priorizado la planificación económica y social de largo plazo para garantizar su desarrollo como sí lo han hecho países como Suecia y Finlandia entre otros. En América Latina, Chile por lo menos tiene una regla fiscal que le permite ahorrar cuantiosos recursos durante los boom mineros para gastarlos en las épocas de vacas flacas.
El efecto de la minería depende de cómo se realice la actividad y cómo se enmarque en una propuesta de política económica y social de largo plazo. Dado que los recursos mineros al ser explotados se agotan, los beneficios de su explotación deben programarse a largo plazo.
A nivel nacional y regional, el ordenamiento ambiental es una herramienta que permite armonizar el desarrollo minero con el de otros sectores económicos y sociales. En muchos casos, si hacemos minería estamos destruyendo recursos naturales y valores sociales de gran importancia. Este parece ser el caso de la explotación minera que está en trámite en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) del Salto del Tequendama, al cual se oponen los pobladores de los municipios que forman parte de él. La evaluación ambiental y social que se exige para tramitar la licencia minera debe validar o negar la explotación del recurso natural no renovable.
Las regalías son una forma de redistribución de los beneficios de la minería, pero en muchos casos la ubicación o el procedimiento mediante el cual se adelanta la minería puede significar un costo social y económico negativo mayor que los beneficios de la actividad minera.
La legislación colombiana tiene herramientas jurídicas que permiten negar o revocar una licencia minera, si se demuestra que su impacto ambiental y social así lo amerita. Esto es lo que puede suceder en el DMI del Tequedama, donde los valores ecológicos, paisajísticos, sociales y económicos pueden verse destruidos por una actividad minera mal ubicada. Este es un caso donde se pone a prueba el mandato institucional que tiene al CAR de propender, como dice la ley 99 de 1993, por el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.
Hay minería de minería y el reto queda planteado, no solo para las autoridades ambientales, sino también para las organizaciones sociales y las autoridades locales que tienen cómo actuar con contundencia legal en la defensa de sus legítimos intereses.
Juan Pablo Ruiz Soto
¿Minería Sostenible?
Por: Juan Pablo Ruiz Soto
EN ESTE MOMENTO DE LA HISTORIA de Colombia, cuando la minería es eje de la propuesta económica del Gobierno y cuando las concesiones mineras tanto a nacionales como a extranjeros se han multiplicado por todo el territorio nacional, vale preguntarse si es posible la minería sostenible, cómo puede relacionarse la minería con el desarrollo sostenible o si la minería solo significa extración y agotamiento de la base de recursos naturales sin beneficio local y con importantes impactos ambientales negativos.
La minería sostenible no existe. Por definición es la extración de recursos naturales no renovables y esto niega la posibilidad de una minería sostenible. Esto no significa que no existan diversas formas de hacer minería, unas de alto impacto, por su efecto destructivo sobre el medio social y natural, y otra de bajo impacto. Cosa distinta al impacto ambiental del proceso extractivo es lo que se hace con los recursos económicos que surgen de la actividad minera y cómo éstos se relacionan o no con actividades de desarrollo humano sostenible. Países con similares riquezas mineras generan procesos de desarrollo completamente distintos, que dependen del uso que se da a las rentas mineras, y construyen, o no, la posibilidad de apalancar el desarrollo sostenible con recursos provenientes de actividades extractivas.
Poseer recursos minerales y hacer uso de ellos, no es per se una actividad negativa. Al contrario, puede ser fuente de riqueza y apoyar el bienestar humano sostenible. Muchos de los países nórdicos han basado su desarrollo económico y social en el hallazgo y explotación de recursos mineros. Otros, por el contrario, han generado destrucción y conflicto social, como en Papua Nueva Guinea con la explotación de la mina de oro a cielo abierto más grande del mundo, que para las comunidades locales solo ha generado destrucción, aislamiento y pobreza. Nuestro vecino Venezuela, históricamente, desde mucho antes que Chávez, ha explotado sus recursos mineros para incrementar su consumo y muy poco para invertir en la formación de capital humano y productivo. No ha priorizado la planificación económica y social de largo plazo para garantizar su desarrollo como sí lo han hecho países como Suecia y Finlandia entre otros. En América Latina, Chile por lo menos tiene una regla fiscal que le permite ahorrar cuantiosos recursos durante los boom mineros para gastarlos en las épocas de vacas flacas.
El efecto de la minería depende de cómo se realice la actividad y cómo se enmarque en una propuesta de política económica y social de largo plazo. Dado que los recursos mineros al ser explotados se agotan, los beneficios de su explotación deben programarse a largo plazo.
A nivel nacional y regional, el ordenamiento ambiental es una herramienta que permite armonizar el desarrollo minero con el de otros sectores económicos y sociales. En muchos casos, si hacemos minería estamos destruyendo recursos naturales y valores sociales de gran importancia. Este parece ser el caso de la explotación minera que está en trámite en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) del Salto del Tequendama, al cual se oponen los pobladores de los municipios que forman parte de él. La evaluación ambiental y social que se exige para tramitar la licencia minera debe validar o negar la explotación del recurso natural no renovable.
Las regalías son una forma de redistribución de los beneficios de la minería, pero en muchos casos la ubicación o el procedimiento mediante el cual se adelanta la minería puede significar un costo social y económico negativo mayor que los beneficios de la actividad minera.
La legislación colombiana tiene herramientas jurídicas que permiten negar o revocar una licencia minera, si se demuestra que su impacto ambiental y social así lo amerita. Esto es lo que puede suceder en el DMI del Tequedama, donde los valores ecológicos, paisajísticos, sociales y económicos pueden verse destruidos por una actividad minera mal ubicada. Este es un caso donde se pone a prueba el mandato institucional que tiene al CAR de propender, como dice la ley 99 de 1993, por el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.
Hay minería de minería y el reto queda planteado, no solo para las autoridades ambientales, sino también para las organizaciones sociales y las autoridades locales que tienen cómo actuar con contundencia legal en la defensa de sus legítimos intereses.
Juan Pablo Ruiz Soto
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