Propuesta de conservación natural en Ecuador
Dejar el petróleo bajo tierra
Por: Juan David Torres Duarte
Ecuador debe resolver un dilema ecológico: explotar el petróleo de la reserva natural Yasuní o mantenerla virgen con una contribución internacional de US$3.600 millones.
Foto: Cortesía Yasuní ITTEl Parque Natural Yasuní, declarado patrimonio intangible por el gobierno ecuatoriano, tiene cerca de un millón de hectáreas. La iniciativa Yasuní ITT ha recaudado cerca de US$2 millones. Enlaces patrocinados -
Parque Natural Yasuní
Aquí, en Colombia, los problemas ambientales se tratan de este modo:
Santurbán, ese páramo de oro y plata que surte de agua a Bucaramanga, codiciado por la multinacional canadiense Greystar, será objeto de una consulta popular el próximo 31 de octubre para blindarlo frente a cualquier posibilidad de explotación. Nadie extraerá de él nada. Ni un gramo de oro.
Allá, en Ecuador, los problemas ambientales se resuelven de otro modo.
Yasuní, una reserva natural colmada de petróleo y biodiversidad en la amazonia ecuatoriana, está en las manos de una sola persona, Ivonne Baki, que busca resolver una duda nacional: explotar las profundidades o mantener virgen la región. Sin extraer nada. Sin tomar un barril de petróleo. Y a cambio la comunidad internacional debe retribuir a Ecuador la mitad de lo que ganaría en caso de explotar: US$3.600 millones.
— Para mí —asegura desde Ecuador a este diario Baki, jefa negociadora de la iniciativa Yasuní ITT— es la oportunidad de hacer algo increíble, aunque sea con un granito de arena.
Ivonne Baki fue mediadora de conflictos —en América, en Oriente Medio—, presidenta del Parlamento Andino y tiene un historial de reconocimientos extenso —méritos en Reino Unido, Ecuador, Líbano—. Fue, Ivonne Baki, candidata a la presidencia de Ecuador en 2002. Habla cinco idiomas. Fue, Ivonne Baki, embajadora de este país en Estados Unidos y embajadora de buena voluntad de la Unesco. Pero hoy, cuando se encarga de convencer a la comunidad internacional para sostener el proyecto Yasuní ITT, cuando el cuidado de la selva amazónica es su objeto principal, los títulos, los cargos y la historia son lo de menos. Baki sabe que muchos no comprenden su propuesta de inmediato. Y, también, que es quizá lo más difícil que jamás haya hecho.
— He negociado muchas cosas —dice Baki—. Pero esto no-es-fácil.
“¿Cómo es posible?”
Yasuní ITT es un proyecto ecológico que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, presentó ante las Naciones Unidas en 2007. El terreno, ubicado en la frontera con Perú y compuesto por las poblaciones de Ishpingo, Tambococha y Tiputini, contiene el 20% del petróleo ecuatoriano, el principal ingreso de la nación. Correa propuso, en ese entonces, que Ecuador dejaría bajo tierra más de 840 millones de barriles de petróleo si y sólo si la comunidad internacional aportaba US$3.600 millones en un período de 13 años.
Si no es así, 407 millones de toneladas de dióxido de carbono llegarían a la atmósfera. Y ya se sabe qué hace el dióxido de carbono.
A través de Yasuní ITT el Gobierno creó un fideicomiso, administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al que han llegado cerca de US$2 millones; los compromisos de otros países —promesas verbales— suman US$40 millones. Las fuentes de financiación son diversas. En principio, la iniciativa se dirigió a los Estados. Entonces hubo conversaciones con Alemania, España, el Estado de Valonia (Bélgica), Chile, Francia. Contribuyeron, sí, pero no fue suficiente. Rafael Correa, en cierto momento, se sintió decepcionado. Baki también.
La iniciativa se abrió de manera paulatina y ahora las empresas, los municipios, las alcaldías y los ciudadanos de a pie, quien quiera, pueden contribuir desde un dólar. De hecho, Rafael Correa, luego de que un juez anunciara que los directivos del diario El Universo debían pagar US$40 millones a causa de una demanda interpuesta por el presidente, aseveró a través de su abogado que donaría el dinero a Yasuní ITT. El dinero de la demanda contra un periódico invertido en el cuidado de la selva amazónica.
— A veces dicen: ¿cómo es posible que un país que tenga petróleo lo deja de sacar? —cuenta Baki—. Ésa es la idea de esta iniciativa: cómo podemos hacer un cambio de cultura, de dependencia.
Las negociaciones con Alemania, que al inicio fueron tan fructíferas, de repente se complicaron. El Ministerio de Cooperación Alemán, afirma Baki, argumentó que si aprobaba esta iniciativa podría sentar un precedente. Dicho de otro modo: que sería poco conveniente porque así varios países podrían acudir a esta modalidad de pago por servicios ambientales.
— Ahora se están abriendo las puertas otra vez con Alemania —agrega Baki—. Ha sido difícil porque es una idea nueva, y todas las ideas nuevas de cambio no son fáciles de aceptar.
El plan B
Sin embargo, el Parque Natural Yasuní no es virgen. El campo contiguo, llamado Bloque 31 y regentado por Petroamazonas desde 2008, planea extraer petróleo en 2012. El Bloque 14, que incluso ocupa una parte del territorio indígena Huaorani, está en manos de PetroOriental, que comenzó operaciones en 2002. Así, lo que queda es un cuarto de parque en el que, de fracasar el proyecto, abrirían 130 pozos petroleros, cuyas operaciones podrían —podrían— ensuciar las aguas con sustancias tóxicas, reformar el ecosistema, transformar el carácter de la vida cotidiana, alejada, de las comunidades Tagaeri y Taromenane.
— Esa es la razón por la que en ese lugar no es bueno sacar el petróleo —enfatiza Baki—. Cualquier cambio puede dañar muchísimo ese ambiente tan frágil que tenemos.
Para que el bloque ITT de Yasuní quede intacto, habría que recaudar US$100 millones hasta diciembre de este año. Baki dice, sin embargo, que se sentará a la mesa con el presidente y, así no tengan el dinero previsto, mirarán las posibilidades. Y una de las oportunidades para que Ecuador entere a la comunidad internacional de su proyecto será el próximo 23 de septiembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ban Ki-moon y Rafael Correa presentarán los resultados de la iniciativa y sus proyecciones futuras. El gobierno mostrará en la reunión que Yasuní no es un sueño, sino una realidad.
Quienes aporten a la cuenta de Yasuní tendrán un certificado que se convierte en deuda pública, y que en caso de que el proyecto no prospere servirá sólo para que el gobierno devuelva el dinero. Por ahora, los ingresos, aclara Baki, se invertirán en programas de energías alternativas y en el sostenimiento de las comunidades que habitan esta zona.
Mientras tanto, entre utopías y realidades, el plan B —abrir tierra, extraer petróleo— está en proceso. Aunque no existe una fecha de explotación, pues los estudios sobre el terreno apenas comienzan, y el gobierno busca más recursos, es posible que a través de una consulta popular o por aprobación del Congreso, Yasuní entero —declarado patrimonio intangible y protegido por la Constitución— se convierta en un campo petrolero.
— Creo que si el plan B es el que se hace —asegura Baki— es porque no vemos que hay apoyo del mundo.
“Para siempre”
— De los pocos países que pueden replicar esta iniciativa —sentencia Baki—, uno de ellos es Colombia. Cerca de 10 naciones también tienen la oportunidad.
No cualquier país puede hacer lo que sugiere Ecuador. Es necesario, según Baki, que sea una nación en desarrollo, que tenga unas reservas grandes de petróleo y que, en últimas, tenga un poco de conciencia ambiental. Y Colombia tiene esas condiciones. Porque si el petróleo de Yasuní —que en huaorani significa ‘tierra sagrada’— fuera extraído, millones de toneladas de dióxido de carbono quedarían en la atmósfera.
— Porque la tierra va a seguir —sostiene Baki—. Los que vamos a morir somos los seres humanos si esto sigue así.
Las delegaciones de algunos países visitaron Yasuní hace algunas semanas para analizar la propuesta. China aportó US$20.000 y Rusia presentó un proyecto de energía renovable que daría parte de sus excedentes a Yasuní.
En 13 años —ése es el plan A— Ecuador obtendrá US$3.600 millones, sin contaminar y sin deforestar. Pero, ¿por cuánto tiempo se quedará el petróleo bajo tierra? Una respuesta posible —posible— es la que da la página de Amazonia por la Vida:
“Para siempre”.
La explotación minera: otra cara
En Colombia, 22 páramos son explotados por cuenta de la concesión de 391 títulos mineros. De ellos, 44 se encuentran en Santurbán y 88, en Pisba (Boyacá). En conclusión, más de 100.000 hectáreas de páramos sirven para extraer oro, plata y carbón.
La semana pasada, la contralora general, Sandra Morelli, advirtió al Minambiente que debe revisar las actividades mineras de la empresa AngloGold Ashanti en Cajamarca, Tolima, porque podrían afectar el suministro de agua para la población
Este bloque plantea temas de nuestra realidad nacional e internacional, que cada dia merecen la reflexión y el analisis, de tal manera que seamos parte de una masa crítica cualificada y lograr ser interlocutores válidos ante cualquier instancia.
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sábado, 6 de agosto de 2011
jueves, 8 de julio de 2010
Todos unidos a construir conciencia
Nuestra Palabra. Informativo semanal de la Asociacion de Cabildos Indigenas del Norte del Cauca
Todos unidos a construir conciencia
El corregimiento La Toma ubicado a escasos kilómetros del municipio de Suárez, Cauca, es una población que vive de la explotación artesanal de la minería. Allí trabajan hombres, mujeres, jóvenes y ancianos que día tras día trituran rocas para encontrar el poco oro que les sirva para su sustento. Hay quienes pasan más de 10 horas haciendo estas actividades en la humedad de los socavones, mientras otros bajo el sol lavan el oro con sus bateas de madera.
Los trabajadores mineros de La Toma, al igual que millones de colombianos, buscan su sustento en el trabajo informal, con mínimas condiciones laborales y sin opciones de seguridad social. Esto se debe a que el gobierno no está generando trabajo para los sectores desprotegidos y menos para las personas del campo. Al contrario, lo que está haciendo es acabar con las oportunidades laborales de los trabajadores para darle relevancia al capital transnacional.
Pero La Toma es un lugar que ha cobrado una relevancia particular en los medios masivos gracias a la presencia de empresas mineras que quieren explotar las riquezas naturales existentes en su territorio y despojar a las familias que allí habitan. Esta comunidad, en donde viven cerca de ocho mil afrodescendientes, está siendo victima de amenazas, asesinatos, masacres y desplazamiento forzado por parte de actores armados que le están abriendo camino a la instalación de megaproyectos que buscan la extracción de recursos.
Sin duda alguna el gobierno es cómplice de la barbarie cometida contra esta comunidad porque descaradamente promueve la llamada confianza inversionista, que no es más que la entrega de la soberanía nacional a través de tierras, recursos y mano de obra barata. También por implementar leyes que van en contra de los pueblos, las cuales facilitan el despojo de sus territorios ancestrales.
Todo indica que los años venideros continuarán con estas mismas políticas. Con el robo descarado de los territorios para que un puñado de codiciosos implemente sus proyectos. Con el sometimiento ideológico y físico de la gente para que embrutecida mate y se deje matar en nombre de una falsa democracia. Con el exterminio de los derechos fundamentales como salud y educación para convertirlos aún más en negocios rentables a costa de la vida de la gente. Con el copamiento militar que justifica la pérdida de la libertad de los pueblos y de la soberanía de la nación.
Por eso, debemos ser concientes de esta realidad. El robo de nuestra soberanía sólo continuará hasta que la conciencia suficiente nos permita detenerla. Si la codicia está organizada y trabajando unida con un propósito común, es deber de la conciencia hacer lo mismo. Todos juntos de acuerdo a cada realidad particular a proponer estrategias para defender la vida.
Es nuestro deber no dejar solos a los habitantes de La Toma. Tampoco a los de San José de Apartadó ni a los de Zaragoza. Todos nos necesitamos, indígenas, campesinos, sindicalistas, estudiantes, afrodescendientes. Debemos unirnos de una vez por todas para que seamos nosotros quienes construyamos nuestro propio camino. Que el terror que nos agrede y el que está por venir sea enfrentado y derrotado por la conciencia organizada de los pueblos que creemos que es posible vivir con dignidad.
Todos unidos a construir conciencia
El corregimiento La Toma ubicado a escasos kilómetros del municipio de Suárez, Cauca, es una población que vive de la explotación artesanal de la minería. Allí trabajan hombres, mujeres, jóvenes y ancianos que día tras día trituran rocas para encontrar el poco oro que les sirva para su sustento. Hay quienes pasan más de 10 horas haciendo estas actividades en la humedad de los socavones, mientras otros bajo el sol lavan el oro con sus bateas de madera.
Los trabajadores mineros de La Toma, al igual que millones de colombianos, buscan su sustento en el trabajo informal, con mínimas condiciones laborales y sin opciones de seguridad social. Esto se debe a que el gobierno no está generando trabajo para los sectores desprotegidos y menos para las personas del campo. Al contrario, lo que está haciendo es acabar con las oportunidades laborales de los trabajadores para darle relevancia al capital transnacional.
Pero La Toma es un lugar que ha cobrado una relevancia particular en los medios masivos gracias a la presencia de empresas mineras que quieren explotar las riquezas naturales existentes en su territorio y despojar a las familias que allí habitan. Esta comunidad, en donde viven cerca de ocho mil afrodescendientes, está siendo victima de amenazas, asesinatos, masacres y desplazamiento forzado por parte de actores armados que le están abriendo camino a la instalación de megaproyectos que buscan la extracción de recursos.
Sin duda alguna el gobierno es cómplice de la barbarie cometida contra esta comunidad porque descaradamente promueve la llamada confianza inversionista, que no es más que la entrega de la soberanía nacional a través de tierras, recursos y mano de obra barata. También por implementar leyes que van en contra de los pueblos, las cuales facilitan el despojo de sus territorios ancestrales.
Todo indica que los años venideros continuarán con estas mismas políticas. Con el robo descarado de los territorios para que un puñado de codiciosos implemente sus proyectos. Con el sometimiento ideológico y físico de la gente para que embrutecida mate y se deje matar en nombre de una falsa democracia. Con el exterminio de los derechos fundamentales como salud y educación para convertirlos aún más en negocios rentables a costa de la vida de la gente. Con el copamiento militar que justifica la pérdida de la libertad de los pueblos y de la soberanía de la nación.
Por eso, debemos ser concientes de esta realidad. El robo de nuestra soberanía sólo continuará hasta que la conciencia suficiente nos permita detenerla. Si la codicia está organizada y trabajando unida con un propósito común, es deber de la conciencia hacer lo mismo. Todos juntos de acuerdo a cada realidad particular a proponer estrategias para defender la vida.
Es nuestro deber no dejar solos a los habitantes de La Toma. Tampoco a los de San José de Apartadó ni a los de Zaragoza. Todos nos necesitamos, indígenas, campesinos, sindicalistas, estudiantes, afrodescendientes. Debemos unirnos de una vez por todas para que seamos nosotros quienes construyamos nuestro propio camino. Que el terror que nos agrede y el que está por venir sea enfrentado y derrotado por la conciencia organizada de los pueblos que creemos que es posible vivir con dignidad.
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