La reconquista de Colombia. 12 de Octubre de 2011

El documento que recoloniza a Colombia Mario Alejandro Valencia. Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo, Bogotá, 12 de octubre de 2011.

Un día como hoy hace 519 años los españoles llegaron a este territorio y posteriormente lo colonizaron. Durante tres siglos nuestros hombres, mujeres y niños, nativos y esclavos fueron humillados, desterrados y asesinados. Nuestras riquezas naturales, culturales y sociales arrasadas y saqueadas. El 7 de agosto de 1819, tras años de valiente lucha, el último soldado español fue derrotado y Colombia logró su independencia. La aprobación del TLC entre Estados Unidos y Colombia, el 12 de octubre de 2011, no es una noticia más para los colombianos. Se trata de la decisión política más trascendental en toda su historia republicana. Con el TLC se decreta legalmente la recolonización de Colombia, esta vez a manos de las multinacionales estadounidenses, las más poderosas que hayan existido. Quienes negociaron el TLC, quienes lo aprobaron en el Congreso, quienes lo declararon constitucional y, por supuesto quienes promovieron su aprobación en Estados Unidos, son traidores a la patria; no les cabe otra definición. Son traidores porque con un documento renunciaron a la obligación constitucional de controlar la economía y el territorio. No los derrotó un ejército; firmaron a voluntad un tratado supraconstitucional que no tiene fecha de vencimiento.

A partir de la implementación del TLC con Estados Unidos, las personas que dirigen esta nación no podrán tomar ni una sola medida que afecte a una empresa estadounidense en sus expectativas de ganancia. Dentro del tratado esto es considerado como un “obstáculo injustificado al comercio”, delito económico que se resolverá en un tribunal de arbitramento internacional del Banco Mundial, controlado por Estados Unidos. La producción colombiana en campos y ciudades tendrá que competir con los monopolios agrícolas, industriales y financieros más grandes del planeta, pero no en igualdad de condiciones. Mientras Colombia renunció a cualquier medida de protección, Estados Unidos mantendrá sus ayudas internas, multimillonarios subsidios que permite a sus productores vender más baratas sus mercancías. Se acabará lo que queda de maíz, arroz, pollos y lo que queda de industria. Obviamente también los empleos que generan. Con una economía sin control estatal, Colombia se inundará de capitales especulativos que extraerán el ahorro interno, obligando a vender cada vez más recursos naturales para conseguir los dólares que comprarán cada vez menos celulares, computadores y comida. A esto le llaman ventajas comparativas. ¿Cuántos bananos hay que vender para comprar un blackberry? Esta fórmula, según los áulicos neoliberales, desarrollará a Colombia.

El TLC con Estados Unidos provocará un saqueo más atroz que el producido por la colonia española. El oro que se llevaron los españoles lo sacaron con palas y picas. Ahora extraen carbón, petróleo, níquel y, claro, el oro que queda, con toneladas de explosivos, enormes retroexcavadoras, trenes, camiones de 320 toneladas, bolsas de valores y todo el gobierno a su servicio. A esto Juan Manuel Santos lo llama “locomotora minero-energética”. Cuando se agoten los recursos minerales no habrá con qué comprar más comida. A esto el Presidente lo llamó hoy “el tratado más importante que hemos firmado en nuestra historia” y “un día histórico para los trabajadores colombianos”. No existe ni un solo estudio serio, ni una sola cifra que pruebe los beneficios para Colombia. Si los hay, que los muestren. No habrá un solo sector que sea capaz de competirle al agro y a la industria gringa. Los supuestos ganadores no son más que un mito. Al supuesto mercado de 300 millones de personas no le cabe una taza más de café, ni una rosa más. El mismo gobierno se ha encargado de clarificar esto. Quedarán en la memoria frases como: “Los acuerdos comerciales juegan un papel importante para mantener e incluso incrementar las exportaciones estadounidenses”. “Buscar que dentro de esa apertura que requieren los Estados Unidos para el crecimiento de su economía, avance el TLC de Colombia”. “A quien más le conviene en los actuales momentos el TLC de EE.UU. con Colombia es al gobierno de los EE.UU”, todas pronunciadas por funcionarios colombianos que hoy celebran su aprobación. Tienen motivos para hacerlo: su felicidad viene acompañada de las prebendas que deja la traición. Para el resto de los colombianos vendrá hambre, miseria y atraso. Será la triste prueba de las advertencias realizadas en centenares de debates, conferencias, escritos y constancias del senador Jorge Robledo, Aurelio Suárez, y las acciones de miles de colombianos patriotas y decenas de organizaciones reunidas en Recalca.

Inevitablemente todos los colombianos sufriremos las consecuencias del TLC, incluso quienes por dogmatismo o desconocimiento lo respaldan. “No puede haber empresas sanas en un país enfermo”, dice Emilio Sardi, industrial que ha sido leal a su país. Pero los nefastos resultados que traerá el TLC vendrán también acompañados de la lucha del pueblo colombiano que se organizará y se unirá, como hace dos siglos, para recuperar la soberanía y la dignidad de sus gentes.

Los Subsidios en Colombia

Opinión 4 Oct 2009 - 8:09 pm
Agro subsidio seguro

Por: Salomón Kalmanovitz

EL PROGRAMA AGRO INGRESO SEGUro (AIS) compensaba a los agricultores por los presuntos efectos nocivos que iba a tener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sobre sus actividades.

Se suponía que un poco de competencia los iba a lesionar tanto que para vencer su oposición al tratado, que atrasó durante un año las negociaciones, se les otorgó una ley atada originalmente con un billón de pesos al año. Toda la sociedad debía subsidiar entonces la ineficiencia de esos pocos.

El tratado nunca se firmó, pero los subsidios quedaron en pie. Andrés Felipe Arias se ufanaba de que la mitad de los recursos los destinaba a la investigación que iba a elevar la desastrosa productividad del sector, algo que en verdad no se puede corroborar: la información que provee el Ministerio de Agricultura ni siquiera incluye el programa Agro Ingreso Seguro.

Lo que se puede destacar de las convocatorias de apoyo que hace el Ministerio es que los recursos para adquirir unidades agrícolas familiares por campesinos y desplazados es de $20.000 millones, 2% de los recursos de AIS y que los trámites son tan engorrosos y caros que pocos son los campesinos que pueden acceder a ellos.

Los recursos canalizados a las familias más poderosas del Magdalena, de Cundinamarca y del Valle del Cauca eran del orden de $72.500 millones, 3,5 veces los recursos para los pobres y todavía no sabemos cómo se distribuyó el resto de los $900.000 millones. Existen múltiples programas que apoyan la capitalización rural, la palmicultura y la industria azucarera con condonación de créditos entre 40 y 20% del valor adquirido.

Lo cierto es que en estos dos gobiernos de Álvaro Uribe se ha consolidado la más vasta contrarreforma agraria de la historia del país: se completaron 4 millones de desplazados, con más de medio millón de hectáreas arrebatadas o abandonadas, elevando la indigencia de cientos de miles de familias que incluso habían alcanzado a ser clase media rural. Las políticas públicas y los subsidios no se dirigen a compensar el daño infligido a las víctimas, sino a financiar familias que tradicionalmente han ostentado la propiedad de latifundios que se mantienen ricas con la ayuda del Estado y con más de una oveja negra en negocios ilegales.

El hecho es que hay una larga tradición en el país de origen feudal que informa que los grandes propietarios de tierras pagan muy pocos impuestos. La propiedad del suelo les otorga poder político, pueden ocultarla del fisco y se valoriza con la inflación de alimentos, y con la demanda de narcos y de las clases medias urbanas.

A pesar de que no pagan por el Estado, los latifundistas tienen una gran sobrerrepresentación en él, por la vía del Congreso, ministerios y de la política regional. Durante el conflicto les correspondió pagar impuestos ilegales a las Farc y a los paramilitares, algo que gracias a la política de seguridad se les ha aliviado. Los impuestos de la población urbana y de los empresarios financiaron los gastos en seguridad que los salvaron.

No sólo no pagan impuestos, sino que capturan los que pagamos los ciudadanos para usufructuarlos en sus empresas agropecuarios o en sus aventuras políticas. Para cerrar la ecuación de injusticia infinita, los subsidios recibidos por esta plutocracia terrateniente están exentos de… impuestos, gracias a sus buenos oficios legislativos.

Salomón Kalmanovitz